La defensa de Nicolás Maduro solicitó este miércoles 2 de septiembre a un tribunal de Estados Unidos desestimar el proceso penal en su contra bajo el argumento de que goza de inmunidad soberana como jefe de Estado de facto de Venezuela.
El abogado Barry Pollack presentó dos mociones ante la corte. La primera pide desestimar todos los cargos, mientras que la segunda plantea retirar únicamente la acusación de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, en caso de que la solicitud principal no prospere.
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Maduro enfrenta cargos por conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas automáticas. Permanece detenido en Nueva York, donde enfrenta el proceso judicial tras su captura en Caracas el pasado 3 de enero.
En la primera moción, Pollack sostiene que el tribunal estadounidense carece de jurisdicción porque Maduro tendría inmunidad soberana tanto por su condición de jefe de Estado como por la naturaleza oficial de las actuaciones que sustentan la acusación.
«El Tribunal carecería de jurisdicción sobre el señor Maduro si este tuviera derecho o bien a la inmunidad soberana basada en su condición de jefe de Estado o bien a la inmunidad soberana basada en la conducta (…). Tiene derecho a ambas», argumentó la defensa.
El abogado también solicitó que el caso sea cerrado «con perjuicio», una medida que impediría presentar nuevamente la misma acusación.
En la segunda moción, Pollack cuestionó específicamente el cargo de narcoterrorismo. Argumentó que la acusación se refiere a una conducta desarrollada fuera de Estados Unidos y que no establece de manera adecuada los elementos necesarios para otorgar jurisdicción al tribunal.
La Fiscalía estadounidense tendrá hasta el 2 de octubre para responder a las solicitudes. La audiencia para discutir estos argumentos quedó prevista para el 17 de noviembre, mientras que el juicio está programado, por ahora, para junio de 2027.
La defensa de Cilia Flores también solicitó desestimar los cargos contra la esposa de Maduro bajo el argumento de que comparte su inmunidad soberana como primera dama. Su abogado, Mark Donnely, citó precedentes judiciales estadounidenses relacionados con las esposas de otros jefes de Estado.
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